Desde Razón Pública publican este artículo:
Hay buenas noticias para la democracia en Colombia durante esta época “pre-post-conflicto”.
Después de 17 años de exilio como consecuencia de un atentado contra su vida, Aída Abella regresó al país para asistir al V Congreso de la Unión Patriótica (UP), partido que en julio pasado retomó su reconocimiento jurídico gracias a un fallo del Consejo de Estado. Abella manifestó que regresa para asumir la candidatura presidencial en representación de la UP en los comicios de 2014.
Aunque el regreso de Abella sería un indicio de que las condiciones para hacer política mejoran, hay otras realidades -y hay otras fuentes que presentan información contrastante-. De acuerdo con el más reciente Informe sobre Violencia Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre 2011 y 2013 se produjeron 314 hechos de violencia política que afectaron al 13 por ciento de los municipios.
De estas situaciones, el 85 por ciento fueron amenazas; el 8 por ciento, atentados; el 5 por ciento, homicidios y el 1 por ciento, secuestros. En palabras de un reconocido medio de comunicación, estas son cifras de miedo.
Para entender la real dimensión de estas cifras y tratar de explicar sus causas y su probable repercusión en la vida nacional, es preciso dar una mirada al concepto mismo de “violencia política”, y saber de qué forma se explica en el contexto colombiano.
La violencia política puede entenderse como el conjunto de actos lesivos de la vida o integridad de una persona o grupo de personas, acontecidos con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, de todas aquellas garantías relacionadas con la participación en la vida del Estado, tales como elegir y ser elegido, asociarse y manifestarse, u ocupar cargos públicos.
Si bien de la metodología empleada para el informe del MOE se infiere que este se limitó a los actos directamente relacionados con procesos electorales, la violencia política se extiende a otras situaciones donde ella se usa para lograr objetivos políticos, como decir:
– Acciones que buscan cambiar el comportamiento de ciertas personas como sujetos políticos; tal es el caso de las amenazas hacia los miembros de organizaciones sindicales para que limiten su militancia o la enfoquen de cierta forma.
-Actos de significación especial debido a estar dirigidos contra objetivos estratégicos –personas u objetos–, con el fin de truncar procesos políticos específicos o causar impacto en la opinión pública. En esta categoría podrían incluirse las acciones –atentados, secuestros, etc.– en contra de funcionarios públicos o de figuras notables de la sociedad.
Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7211-la-violencia-pol%C3%ADtica-en-colombia-situaci%C3%B3n-y-perspectivas.html
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