Reforma a la salud: la incertidumbre de una crisis no resuelta (desde Razón Pública)


Desde Razón Pública publican este artículo:

Reforma a la salud: la incertidumbre de una crisis no resuelta

La crisis del sistema de salud en Colombia es innegable. Todos los sectores sociales, políticos y económicos coinciden en que hay crisis en el sistema, aunque hay diferencias respecto del contenido de lo que debe reformarse.

Las diferencias aparecen cuando se profundiza la discusión sobre el contenido de la crisis y  sus causas. Para el gobierno y para muchos defensores del modelo actual, la crisis tiene un contenido fundamentalmente financiero y se resuelve con estrategias económicas: si el gasto está disparado, debe disminuir a toda costa. Por eso se aprobó de manera apresurada una ley estatutaria en salud en junio de este año, actualmente en revisión por la Corte Constitucional.

Esta Ley estatutaria define el “núcleo esencial” del derecho fundamental a la salud y lo asimila a un “plan de beneficios”, llamado ahora “Mi Plan”, con “exclusiones explícitas” que dependerán de la “evidencia científica de seguridad, eficacia y efectividad clínicas” y que no serán cubiertas con los recursos del Estado. De aprobarse la ley ordinaria promovida por el gobierno además de las exclusiones habrá un conjunto de servicios y tecnología en proceso de “priorización” por tres años y, por lo tanto, tampoco serán cubiertos con recursos del Estado.

Esto suena muy extraño para un ciudadano común, pero lo va a entender cuando perciba el impacto de la aprobación de las dos leyes, la estatutaria y la ordinaria. Poco tiempo después saldrá un decreto ministerial definiendo los “servicios y tecnologías” excluidos, léase, el nuevo “No POS”. Si el tratamiento de su hijo autista o el medicamento para la leucemia de su hija, o una terapia que aplican a su padre con una enfermedad crónica están excluidos y no seguirán siendo cubiertos por su seguridad social, el ciudadano por fin entenderá las implicaciones de esta decisión.

La persona tendrá que hacer un copago a la empresa a la que esté afiliado, según su “capacidad de pago”, evaluada por el sistema de información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) llamado “Muisca”. Si tiene algún patrimonio, tendrá que venderlo porque el copago será muy alto. Si no tiene y es un trabajador independiente que no ha sido clasificado como pobre por el Sisben, es decir, “Sisben 1 y 2”, tendrá que endeudarse, porque en todo caso paga. En síntesis, como nos dijo el ministro Alejandro Gaviria, se trata de la “legalización del no”, porque la plata no alcanza.

Aquellos servicios y tecnologías excluidos no serán tutelables, por el simple hecho de existir una ley estatutaria y un decreto ministerial que los establece. Un juez de tutela dirá que primero caben todos los recursos de lo contencioso administrativo, es decir, apelación, derecho de petición, acción de nulidad, etc., antes de la acción de tutela. Ésta sólo podrá aplicarse frente a las “providencias” que surjan de esas instancias previas y para esto pueden pasar meses o años.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7260-reforma-a-la-salud-la-incertidumbre-de-una-crisis-no-resuelta.html

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