Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:
Gestión ambiental y sostenibilidad para un nuevo país en 2017
Los problemas ambientales de Colombia son tan grandes y variados como lo es su territorio de difícil geografía y enorme diversidad cultural y biótica. Y si nos enfrentamos a estos problemas con capacidades técnicas limitadas y recursos financieros decrecientes, la tarea es poco menos que imposible.
Por ello hay que darles prioridad a los factores que en este momento inciden con más fuerza sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza, y actuar sobre los principales problemas y amenazas para los territorios sostenibles. Hay que aprovechar el potencial natural, manteniendo el flujo de bienes y servicios ecosistémicos que hacen posible la vida y el bienestar mediante un esfuerzo colectivo de largo plazo.
Estos son algunos de los problemas más importantes que enfrentará la gestión ambiental en Colombia en el año que empieza.
Para el ambiente el posconflicto ofrece un panorama de luces y sombras. Por una parte se espera que las presiones sobre el bosque natural y otros ecosistemas disminuyan con la reducción de los cultivos para uso ilícito, así como la contaminación del agua y el suelo con los químicos usados para procesar la pasta de coca.
Igualmente se puede esperar una disminución de los derrames de hidrocarburos causados por la voladura de oleoductos, que han sido una monstruosa fuente de contaminación del agua y del suelo. Por ejemplo, en la última voladura del oleoducto Transandino por parte de las FARC en 2015 se contaminaron gravemente el río Mira y los ecosistemas marino-costeros cercanos a Tumaco con el derrame de 40.000 barriles de crudo. Hasta el momento las FARC no han pedido perdón por este crimen en contra de la población y la naturaleza.
Sin embargo también es posible que se imponga (como ha sucedido en otros países) una tendencia a la expansión incontrolada de la frontera agrícola sobre los bosques y ecosistemas naturales que antes estaban “protegidos” por la frontera del miedo, para dedicar esas nuevas áreas a la ganadería extensiva y formalizar así la propiedad de la tierra. Esta tendencia ya se insinúa en el nororiente de la Amazonia, en el sur de la Orinoquia y en otras zonas como las serranías de San Lucas y Perijá o la Costa Pacífica.
Colombia se comprometió en la Cumbre de Paris de 2015 a lograr una reducción en las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) de 20 por ciento para 2030. Para lograr esto hay que actuar principalmente sobre los mayores generadores de estos gases: la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Por eso se propuso llegar a una tasa neta de deforestación cero, partiendo de las actuales 124.000 hectáreas cada año.
En muchos países se ha reconocido que la era del carbono está llegando a su fin y que es esencial iniciar una transición hacía una economía baja en carbono y sustituir los combustibles tradicionales por energías limpias y renovables, principalmente la eólica y solar, para la producción de electricidad. Aunque el gobierno ha producido la información básica y se han preparado algunos planes sectoriales para reducir las emisiones, la ausencia de una política de transición energética es notable. El documento del gobierno para buscar este objetivo es muy general y, como su nombre lo indica, no pasa de ser un “ideario” para una política energética 2014 – 2050 que sigue centrado en la explotación de hidrocarburos y carbón e ignora el potencial del país para las energías renovables.
Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9953-gesti%C3%B3n-ambiental-y-sostenibilidad-para-un-nuevo-pa%C3%ADs-en-2017.html
