Desde La Silla Vacía publican el siguiente artículo:
La corrupción en América Latina y cómo combatirla: estrategias tecnológicas para luchar contra la corrupción
Mucho se habla del uso de las tecnologías de información como herramientas fiables en la lucha contra la corrupción. No obstante es posible que se esté haciendo demasiado énfasis en la funcionalidad de los productos y no tanto en las causas, en lo que hay que direccionar, en lo que hay que atacar.
Por eso los dos artículos anteriores de esta serie son tan importantes. Hay que saber cuáles son los determinantes de la corrupción que podemos apoyar con tecnología y cuáles no. Por ejemplo, la decisión en torno al determinante de la participación de las mujeres en la administración pública es una medida eminentemente política y la misma debe buscar incrementar el número de mujeres en todos los niveles de la burocracia estatal.
Caso contrario es el que atañe al factor determinante que resultó ser el más relevante de todos: la capacidad regulatoria, la cual no solamente tiene que ver con leyes y reglamentaciones que busquen combatir la corrupción sino con los instrumentos para que se cumplan, para que los corruptos paguen realmente por sus actos. Los instrumentos deben ser de derecho procesal penal, pero la tecnología mucho puede hacer para apoyar todo esfuerzo en recabar pruebas y evidencias, en identificar patrones y tendencias y en lograr que los criminales sean capturados.
Igualmente, en el área de educación, para mejorar el determinante de la Calidad de la Burocracia, la tecnología puede aportar mucho. Las grandes multinacionales tienen incorporados procesos educativos para sus empleados, apoyados en tecnologías de información, en los que instruyen a los mismos no solo en temas del negocio sino también en las regulaciones relacionadas con los actos de corrupción (fraudes, sobornos, peculado, etc). La mayoría de las veces esta capacitación se hace usando programas que, además de enseñar, se encargan de hacer exámenes que deben ser aprobados para que el empleado pueda ser certificado y seguir con su trabajo.
La misma tecnología podría ser utilizada en las entidades del Estado, la certificación podría ser condición de empleo y además debería renovarse cada año. El sólo hecho de tener que certificarse favorecería la concientización de muchos servidores públicos mientras que a muchos otros podría recordarles que respecto a la corrupción están frente a un riesgo penal latente.
Finalmente, aunque no se menciona de forma explícita en el estudio de Seldadyo y Haan que cité en el primer artículo de esta serie, facilitar el acceso transparente a la información del Estado es de suprema importancia.
En las reformas hechas en Uruguay la transparencia y el acceso a la información han jugado un papel preponderante en la reducción de la corrupción en ese país. Entre otras acciones crearon la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que se conformó para “conducir a escala nacional el proceso de difusión e implementación de medidas destinadas a fortalecer la transparencia de la gestión del Estado…” indica Luis Yarzábal quien fuera vicepresidente de la Jutep.
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