Consultas populares: una muerte anunciada (desde Razón Pública)


Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

Consultas populares: una muerte anunciada

El pasado 13 de febrero, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 33 de la Ley 36 de 1994, que obligaba a realizar una consulta popular en los municipios donde un proyecto minero, turístico o de otro tipo amenazara con cambiar significativamente el uso del suelo.

Mediante esta decisión, el alto tribunal reitera el cambio de jurisprudencia que había implicado su sentencia SU-095 de 2018: las consultas populares ya no son el mecanismo para prohibir actividades extractivas en los municipios.

En 2013, en el municipio de Piedras, Tolima, se llevó a cabo la primera consulta popular en Colombia para frenar un proyecto de explotación minera. Desde entonces se plantearon dos tesis opuestas acerca de este asunto:

  • Algunos sostuvieron que el concepto de autonomía territorial podía extenderse para que los municipios decidieran sobre su propia vocación económica y permitieran o prohibieran las actividades que los afectaban directamente. Se pretendía, también, buscar un balance entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico.
  • Otros afirmaban que el Estado es el dueño del subsuelo y, por lo tanto, puede decidir si se lleva a cabo un proyecto minero.

Durante años, la discusión estuvo abierta y el gobierno nacional, los entes territoriales, las comunidades y los jueces llegaron a diferentes conclusiones.

En 2017, una nueva ola de consultas populares hizo que el Gobierno Nacional tratara de desestimular el uso de este mecanismo, entorpeciendo su realización o argumentando que no había recursos para llevarlo a cabo. Su temor de fondo consistía en que a base de consultas quedarían prohibidas las actividades extractivas en todo el país, lo cual por supuesto afectaría el presupuesto nacional y el desarrollo económico…

Para 2018, ya había pendientes 54 consultas populares para frenar proyectos de minas y energía. En la mayoría de los casos, la Registraduría evitó que se realizaran con el argumento de que no había presupuesto.

Pero la consulta popular no era el único mecanismo que tenían los municipios para frenar las actividades extractivas: los concejos también podían hacerlo mediante acuerdos municipales. Sin embargo muchos Tribunales Administrativos declararon la invalidez de esos acuerdos, generalmente por considerar que los concejos no tenían competencia para decidir sobre la explotación del subsuelo.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11766-consultas-populares-una-muerte-anunciada.html

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