El caso de la empanada, o los problemas del nuevo código de Policía (desde Razón Pública)


Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

El caso de la empanada, o los problemas del nuevo código de Policía

El pasado 14 de febrero, un hombre recibió un comparendo en Bogotá por comprar una empanada en un puesto callejero. Esta noticia ha despertado todo tipo de comentarios sobre el contenido, interpretación y aplicación del nuevo Código de Policía.

Esta situación, que a primera vista parece cómica, es una buena oportunidad para preguntarse por la regulación legal de la conducta de los ciudadanos y por los mecanismos para hacerlo de la mejor manera.

Todo ordenamiento legal de carácter sancionatorio —ya sea penal, administrativo o de otra naturaleza— lleva consigo una pregunta implícita: entre las conductas sancionables, ¿hay algunas que deban ser perseguidas más que otras? Y de ser así, ¿cuáles?

Para empezar, hay que tener en cuenta que todos los organismos estatales que pueden ser llamados a intervenir para que la sanción se haga realidad tienen recursos limitados. Por ejemplo, la Fiscalía tiene un número limitado de fiscales e investigadores de policía judicial, de modo que tiene que escoger cuáles delitos perseguirá activamente, entre todos los delitos que contempla el Código Penal.

Este proceso de optimizar los recursos limitados para la investigación, persecución o judicialización de ciertas conductas ha sido llamado la “priorización”, y fue parte de una política que adoptó la Fiscalía mediante sus directivas 01 de 2012 y 002 de 2015.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía actuales han reiterado la necesidad de optimizar los recursos investigativos. La judicialización de conductas como la inasistencia alimentaria, la injuria o la calumnia recarga al aparato judicial, y por eso el Estado debe sopesar si estas u otras conductas similares en realidad merecen el mismo grado de esfuerzo que otros delitos más graves.

Esto, desde luego, no necesariamente quiere decir que el uso de un recurso para hacer efectiva una prohibición vaya en detrimento de la efectividad de otra prohibición. En la vida real, las prohibiciones están ligadas o conectadas entre sí, de tal manera que la persecución de una es la persecución de otra —así sea de manera indirecta—.

Pero en la mayoría de los casos, destinar recursos humanos e investigativos para hacer efectiva una prohibición en un lugar específico implica no atender muchas otras necesidades. No se trata de que una norma tenga validez dentro del ordenamiento jurídico y la otra no lo tenga. Ambas normas existen para el derecho y pueden ser aplicadas. Se trata más bien de un costo de oportunidad: en un mundo de posibilidades limitadas puede ser más razonable enfocarse en perseguir unas conductas en vez de otras.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11803-el-caso-de-la-empanada-o-los-problemas-del-nuevo-codigo-de-policia.html

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