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Protestas campesinas y políticas agrarias: el enfoque equivocado (desde Razón Pública)

Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

Protestas campesinas y políticas agrarias: el enfoque equivocado

El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) perdió su rumbo desde hace un tiempo. Su propósito o su tarea central era elevar la todavía escasa productividad del campo colombiano, y en vez de eso lo pusieron a suscribir compromisos sociales.

El MADR no tuvo grandes apuestas ni se concentró en incrementar la competitividad y rentabilidad agraria, ni en la inserción a los mercados particularmente de los pequeños productores agrarios ni al desarrollo sostenible del mundo rural. Y como consecuencia de ello los rendimientos por hectáreas de café, arroz, maíz o yuca, al igual que la ganadería de leche y de carne, se quedaron por debajo de los promedios mundiales.

Para compararnos con un vecino cercano: el ministerio de Agricultura y Riego de Perú ejecuta una Política Nacional Agraria con doce Ejes bien definidos, entre los cuales se destacan los siguientes:

  • manejo sostenible de agua y suelos;
  • infraestructura y tecnificación del riego;
  • financiamiento y seguro agrario;
  • innovación y tecnificación agraria;
  • gestión de riesgos y desastres, y
  • reconversión productiva y diversificación.

Pero en vez de seguir una política parecida, el MADR andaba —o anda— de paro en paro, sentado en las mesas de negociaciones cada vez que bloqueaban una vía y suscribiendo compromisos sociales que no podía cumplir. Lo social, sus movilizaciones y protestas impusieron la política pública agraria. Por eso el ministerio se gasta el presupuesto en la coyuntura, es decir, en ayudas directas a los productores y en subsidios a los precios.

Casi nada se invierte en resolver la estructura, es decir: en otorgar seguridad jurídica a la propiedad rural o en infraestructura productiva, como decir las vías terciarias, el riego, el almacenamiento, la innovación o el avance tecnológico. Y mientras el Ministerio andaba en lo social aumentaron los costos de producción, disminuyó la rentabilidad, y muchos productores se quebraron.

No podemos subestimar la fuerza de la inercia, que mantiene amarrado al Ministerio a las cambiantes coyunturas sociales. La inercia es cómoda y no exige gran esfuerzo, pero también impide que las cosas cambien. El MADR tiene el desafío de romper el statu quo, no necesariamente a las malas, y en todo caso con argumentos y con inteligencia.

No se trata de dejar a un lado el componente social, sino de entender que la manera seria de atender lo social es mejorar lo productivo: con mejores rentabilidades, mayor inclusión de los pequeños productores a los mercados y, por supuesto, aumentando sus ingresos y con la provisión de bienes públicos para el campo (carreteras, sistemas de riego, centrales de mercadeo…).

Pero cambiar el rumbo del MADR no será fácil por varios motivos: por la limitación de recursos, por la polarización y tensión sobre la tierra, porque las ideologías se tomaron el debate sobre el desarrollo rural, los TLCs y la inversión extranjera.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11893-protestas-campesinas-y-politicas-agrarias-el-enfoque-equivocado.html

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¿Un nuevo plan para el centro histórico de Bogotá? (desde La Silla Vacía)

Desde La Silla Vacía publican el siguiente artículo:

¿Un nuevo plan para el centro histórico de Bogotá?

El centro histórico de Bogotá, a pesar de la modestia de su arquitectura y la fragmentación inducida por el proyecto funcionalista, presenta un conjunto de valores que definen su excepcionalidad, reconocida mediante su declaratoria como patrimonio de los colombianos en la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un centro vivo y diverso, de una porción  de ciudad dinámica que exige un proceso de rehabilitación abierto y factible de ser actualizado periódicamente. Esto obliga a tener en cuenta las necesidades que no dan espera, de manera simultánea con la preparación de estrategias de futuro.

El Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) es el nuevo plan para la zona. Es un instrumento de ley cuya metodología la definió el Gobierno Nacional desde el 2003 y ajustada, sin modificaciones de fondo, en el 2009. No todas las debilidades que exhibe el Pemp para el centro histórico son propias; algunas habría que atribuirlas a la concepción lineal, normativa y poco estratégica de los planes especiales del Gobierno central.

El examen del Pemp de Bogotá, radicado en el Ministerio de Cultura para su aprobación el 27 de diciembre de 2018, obliga a preguntarse: ¿a un centro histórico deteriorado le conviene el enfoque de rehabilitación, revitalización y reciclaje que orienta planes de centros varios en Latinoamérica, o resulta mejor el enfoque normativo inherente a los Pemp colombianos?

Del mismo modo, si el arquitecto Jan Gehl conociera este plan, tal vez diría que “[…] perdimos la capacidad de hacer barrios donde sea un placer crecer y envejecer”. Aquí la gente, la casa, la panadería, el café, la librería, la tienda, no pareciera que tuvieran sitio alguno. ¿Acaso regresamos a los planes burocráticos, colmados de normas y carentes de vida?

¿Cuánto pesan las ideas sobre urbanismo o planeación ante las nociones políticas de eliminación total de lo precedente, que sigue siendo el modo conservador de gobernar en Colombia? Convendría aprender de Ciudad de México. Allí la revitalización del centro es política de ciudad y no de jefatura de gobierno. Claro está: el plan para el centro histórico se actualiza periódicamente, justo para que así no pierda vigencia.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de La Silla Vacía: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/nuevo-plan-centro-historico-de-bogota-70672

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10 ventajas al contratar personas con discapacidad

10 ventajas al contratar personas con discapacidad 

Carlos Parra Dussan Director General del Instituto Nacional para Ciegos – INCI, explica en diez puntos las ventajas al contratar personas con discapacidad ya que la legislación colombiana tiene estímulos específicos en ese sentido, otorgando incentivos, exenciones y otras ventajas a los empleadores que vinculen a la población con discapacidad y recuerda que es una fuerza laboral incalculable y muy valiosa.

1.   Fomento al trabajo de las personas con discapacidad

La primera ventaja la encontramos en la Ley 361 de 1997, que determina en el artículo  22 que “El Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con discapacidad”.

2.   Empleo protegido

El Gobierno establecerá programas de empleo protegido para aquellos casos en los  que la gravedad de la discapacidad no permita la inserción al sistema competitivo.

3.   Preferencia a la discapacidad

El artículo 24 de la Ley 361 de 1997 señala que los empleadores serán preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si  tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados con discapacidad.

4.   Prelación en los créditos

Otra ventaja es que se les de prelación en el otorgamiento de créditos o subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con discapacidad.

5.   Estabilidad laboral reforzada

El artículo 26 de la misma Ley 361 del 1997 determina que “En ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar”. En este sentido, el Estado colombiano garantiza la protección de las personas con discapacidad a través de la estabilidad laboral reforzada, constituyéndose en una conquista jurídica que ya es cosa juzgada en las sentencias C-531 de 2000, T- 198 de 2006 y C-477 de 2012.

6.   Preferencia a la persona con discapacidad en caso de empate

Según el artículo 27 de la Ley 361 de 1997, en los concursos que se organicen para el ingreso al servicio público serán admitidas en igualdad de condiciones las personas con discapacidad y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la persona con discapacidad.

7.   Preferencia a los productos de las personas con discapacidad

Las entidades estatales de todo orden preferirán en igualdad de condiciones los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro constituidas por las personas con discapacidad.

8.   Preferencia a las entidades que ocupen personas con discapacidad

Otra ventaja contemplada en el artículo 31 es que los empleadores que ocupen trabajadores con discapacidad y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementario tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con discapacidad.

9.   Reducción de la cuota de aprendices

La cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%.

10.  Ventajas de la reglamentación de la Ley 1618 de 2013

Sin duda que otro paquete de ventajas será la que nos traen los decretos reglamentarios de la Ley 1618 de 2013, como el Decreto 2011 de 2017, que garantiza la cuota de empleos públicos para personas con discapacidad; la del Decreto 2177 de 2017, que creó el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad; y la gran ventaja del Decreto 392 de 2018, que crea incentivos en procesos de contratación en favor de las personas con discapacidad.

“Esperamos que con todas estas ventajas que tiene la legislación colombiana para incluir laboralmente a las personas con discapacidad, los empleadores se animen a contar con esta fuerza de trabajo, que representa una Colombia más inclusiva y un verdadero ejemplo de empresas y entidades incluyentes” afirma Carlos Parra Dussan.

Precisamente, Parra Dussan es un abogado constitucionalista ciego que se ha destacado por varias acciones en defensa de la población ciega y con discapacidad en el país.

Para el Instituto Nacional para Ciegos – INCI, es importante que las personas con discapacidad visual accedan a oportunidades laborales ya que en ese sentido se garantiza de forma más explícita su independencia, un goce efectivo de sus derechos y el aporte como ciudadanos a la construcción de país.

Martha Cano A. – Directora MARTE COMUNICA

Héctor Fabio Duque Z. – Coordinador Logístico

Celulares. 311 275 54 66 -. 3108575304

Teléfono: (57-1) 814 17 59

Bogotá – Colombia

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Educación inclusiva: Día internacional del Síndrome de Down

En el Día Internacional del Síndrome de Down, una invitación a socializar la política de educación inclusiva

  • En el marco de la celebración del Día Internacional, este 21 de marzo, la Corporación Síndrome de Down invita a la opinión pública a conocer el alcance de la política de inclusión educativa, que determina atención para los niños y jóvenes con esta condición.

  • El decreto 1421 de 2017 le ha dado al sistema educativo directrices para implementar el proceso de inclusión.

Si bien se trata de una condición que implica algunos procesos diferentes y un manejo particular de parte de padres, cuidadores y maestros, el síndrome de Down es una condición que no limita a los niños en su vida escolar. Ante esta realidad, el país cuenta con una normatividad, el decreto 1421 de 2017, expedido por el Ministerio de Educación “por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”. El objetivo: que las instituciones educativas desarrollen procesos en los que tengan en cuenta la diversidad de los estudiantes. “Cuando se fomenta la diversidad y el respeto desde niños, tener alguna discapacidad cognitiva o física deja de ser una barrera”, manifiesta Luz de Galindo, Directora de la Corporación Síndrome de Down.

La Corporación Síndrome de Down, que conmemora 30 años de gestión ininterrumpida, hace un llamado a la opinión pública para que todos estemos al tanto de las implicaciones, alcances y beneficios de este modelo de educación inclusivo. “Es necesario hacer adaptaciones a las instituciones y a los currículum de los colegios para que atiendan a las necesidades de niños con alguna condición de discapacidad, además se deben implementar planes individuales para acompañar a cada uno en su proceso. Pero si bien el decreto se refiere específicamente a los colegios, la inclusión es asunto de toda la sociedad”, precisa la directora de la Corporación.

El cambio en la mentalidad de la sociedad incidirá de manera determinante en todos los aspectos de vida de estas personas “todas las personas con Síndrome de Down tienen capacidad para leer y escribir de forma comprensiva y, sobre todo, son capaces de disfrutar de estos logros” añade Luz de Galindo.

Como parte de este proceso, la Corporación Síndrome de Down, brinda desde hace 30 años acompañamiento y asesoría a todos los miembros de la familia, y prepara a los niños para que en el momento indicado puedan llegar a una institución educativa regular y sacar el máximo provecho en su aprendizaje escolar.

Según cifras del Dane, Colombia ocupa la quinta posición de los países en Latinoamérica con más nacimientos de niños con síndrome de Down. Según el último censo realizado en 2005, de una tasa de mil nacimientos, el 1,72% de bebés nacen con este diagnóstico.

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CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES UNA REALIDAD

CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES UNA REALIDAD

El pasado 7 de marzo de 2019, la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC- realizaron la instalación oficial del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá D.C., luego de desarrollarse de manera exitosa el proceso de conformación.

Es importante destacar que ‘El Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana’ se constituye como la principal instancia de participación de Bogotá y se encargará, junto con las autoridades competentes, de la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana en sus territorios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

El Consejo Consultivo de Participación estará integrado por representantes de las siguientes instancias, organizaciones, asociaciones y federaciones: (Art. 2 Decreto 321 de 2018):

  • Los Alcaldes Locales.
  • El Consejo Consultivo LGBT
  • Las Asociaciones de Víctimas
  • El Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes.
  • El Consejo Territorial de Planeación Distrital.
  • El Consejo Distrital de Sabios y Sabias.
  • La Federación de Acción Comunal del Distrito Capital.
  • El Consejo Distrital de Propiedad Horizontal
  • La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, con sede en el Distrito Capital.
  • La Plataforma Distrital de Juventud.
  • El Consejo Distrital de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
  • El Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal
  • El Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos indígenas en el Distrito Capital.
  • El Consejo Consultivo de Ambiente
  • El Consejo Consultivo de Mujeres.
  • El Comité Distrital de Libertad Religiosa
  • El Consejo Distrital de Discapacidad.
  • Las Organizaciones de migrantes.
  • Las Juntas Administradoras Locales.
  • Los Sindicatos con trabajo sindical en el Distrito Capital.
  • Las Federaciones o Asociaciones de veedurías ciudadanas del Distrito Capital.
  • Las Federaciones o Asociaciones de ONG.
  • Los estudiantes universitarios cuya Universidad tenga sede en el Distrito Capital.
  • Los gremios económicos del Distrito Capital.
  • Las Organizaciones del pueblo ROM.
  • Las Asociaciones Campesinas del Distrito Capital.
  • Las Organizaciones de biciusuarios.

Los miembros del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá, D.C. ejercerán durante periodos de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos inmediatamente.

Según Antonio Hernández Llamas, director del IDPAC: “Con este Consejo Consultivo Distrital de Participación se le da un impulso a las instancias de participación, promoviendo el trabajo conjunto con la Administración Distrital con el fin de fortalecer y enriquecer los proceso de participación ciudadana que se desarrollan en la ciudad”.

Una vez instalado el Consejo, iniciará su proceso de organización interna para posteriormente cumplir con las funciones dispuestas en el Decreto Distrital 321 de 2018, así como acompañar el proceso de balance de la Política Pública de Participación Incidente en la ciudad.

El IDPAC ejercerá la Secretaría Técnica, así como el acompañamiento de los miembros del Consultivo Distrital de Participación durante el periodo para el cual han sido elegidos.

Enlaces de interés:

Fuente, IDPAC: http://participacionbogota.gov.co/consejo-consultivo-distrital-de-participacion-ciudadana-es-una-realidad

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El caso de la empanada, o los problemas del nuevo código de Policía (desde Razón Pública)

Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

El caso de la empanada, o los problemas del nuevo código de Policía

El pasado 14 de febrero, un hombre recibió un comparendo en Bogotá por comprar una empanada en un puesto callejero. Esta noticia ha despertado todo tipo de comentarios sobre el contenido, interpretación y aplicación del nuevo Código de Policía.

Esta situación, que a primera vista parece cómica, es una buena oportunidad para preguntarse por la regulación legal de la conducta de los ciudadanos y por los mecanismos para hacerlo de la mejor manera.

Todo ordenamiento legal de carácter sancionatorio —ya sea penal, administrativo o de otra naturaleza— lleva consigo una pregunta implícita: entre las conductas sancionables, ¿hay algunas que deban ser perseguidas más que otras? Y de ser así, ¿cuáles?

Para empezar, hay que tener en cuenta que todos los organismos estatales que pueden ser llamados a intervenir para que la sanción se haga realidad tienen recursos limitados. Por ejemplo, la Fiscalía tiene un número limitado de fiscales e investigadores de policía judicial, de modo que tiene que escoger cuáles delitos perseguirá activamente, entre todos los delitos que contempla el Código Penal.

Este proceso de optimizar los recursos limitados para la investigación, persecución o judicialización de ciertas conductas ha sido llamado la “priorización”, y fue parte de una política que adoptó la Fiscalía mediante sus directivas 01 de 2012 y 002 de 2015.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía actuales han reiterado la necesidad de optimizar los recursos investigativos. La judicialización de conductas como la inasistencia alimentaria, la injuria o la calumnia recarga al aparato judicial, y por eso el Estado debe sopesar si estas u otras conductas similares en realidad merecen el mismo grado de esfuerzo que otros delitos más graves.

Esto, desde luego, no necesariamente quiere decir que el uso de un recurso para hacer efectiva una prohibición vaya en detrimento de la efectividad de otra prohibición. En la vida real, las prohibiciones están ligadas o conectadas entre sí, de tal manera que la persecución de una es la persecución de otra —así sea de manera indirecta—.

Pero en la mayoría de los casos, destinar recursos humanos e investigativos para hacer efectiva una prohibición en un lugar específico implica no atender muchas otras necesidades. No se trata de que una norma tenga validez dentro del ordenamiento jurídico y la otra no lo tenga. Ambas normas existen para el derecho y pueden ser aplicadas. Se trata más bien de un costo de oportunidad: en un mundo de posibilidades limitadas puede ser más razonable enfocarse en perseguir unas conductas en vez de otras.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11803-el-caso-de-la-empanada-o-los-problemas-del-nuevo-codigo-de-policia.html

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Reducir la libertad de cátedra en los colegios oficiales: ¿una buena idea? (desde Razón Pública)

Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

Reducir la libertad de cátedra en los colegios oficiales: ¿una buena idea?

A finales de febrero, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, presentó un proyecto de ley para castigar con sanciones que podrían incluir hasta dos años de suspensión, a los profesores que hagan comentarios políticos en sus clases con el propósito de influir sobre sus alumnos.

El proyecto surge en medio de las críticas que el uribismo le ha hecho a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), acusándolos de “politizar la educación”. Por eso está claro que la iniciativa está dirigida contra los maestros y que parte del supuesto, muy discutible, de que muchos de ellos utilizan sus clases para “adoctrinar” políticamente a sus estudiantes.

La situación que pretende corregir el proyecto del congresista Rodríguez puede ser realidad en algunos casos, pero eso ocurre tanto entre los profesores que defienden posiciones de izquierda como entre aquellos que se inclinan hacia la derecha.

Y en todo caso, que una persona, profesor o no, exprese sus opiniones no solo es inevitable, sino que es necesario y deseable en una democracia. La comprensión del ciudadano se enriquece en la medida en que puede considerar una pluralidad de perspectivas.

Tratar de limitar la expresión de las opiniones de los maestros no es solo absurdo, sino imposible. ¿Qué pretende quien hace tal propuesta, que en cada salón de clase se ponga un policía para que se asegure de que el profesor no exprese sus puntos de vista porque ello puede “influir” sobre sus estudiantes? ¿Tal vez que en todos los salones se introduzcan grabadoras y filmadoras para recolectar las pruebas que permitan denunciar y sancionar a los infractores? ¿O, más bien, constituir en cada aula de clase una “red de informantes”?

Aceptar esta iniciativa implicaría hacer de los maestros unos sujetos sospechosos y les daría a los estudiantes un terrible poder de denuncia y manipulación de sus educadores. También produciría un clima de desconfianza en el aula que haría imposible una auténtica relación pedagógica.

El proyecto de ley ha generado una controversia muy amplia entre los educadores, profesores universitarios y periodistas. Muchos políticos de los más diversos sectores —entre ellos, el propio jefe político de Rodríguez, el senador Álvaro Uribe —han salido a rechazarlo. Pero el representante Rodríguez ha defendido su proyecto a capa y espada con toda clase de falacias.

La primera de ellas es creer que el alumno aprende o debería aprender exactamente lo que el profesor enseña. Pero en la vida real el aprendizaje no es un resultado directo y automático de la enseñanza. Nadie aprende exactamente lo que le enseñan. Se aprende, más bien, lo que, después de examinar diversas perspectivas y elaborar un juicio propio, se concluye por sí mismo.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11808-reducir-la-libertad-de-catedra-en-los-colegios-oficiales-una-buena-idea.html

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