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Un hito en la protección de la libertad de información y los derechos de nuestros hijos (desde Red PaPaz)


Un hito en la protección de la libertad de información y los derechos de nuestros hijos

Para entender el alcance de la sentencia T-145-19 de la Corte Constitucional es necesario recordar la lucha que se inició desde el 2016, cuando Educar Consumidores pautó en televisión y otros medios un mensaje de bien público que alertaba sobre los efectos en salud del consumo de bebidas azucaradas. Este mensaje fue censurado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), luego de que Postobón denunciara que contenía “publicidad engañosa”. Educar Consumidores debió iniciar una batalla jurídica para defender su libertad de expresión, para la que contó con el respaldo de Dejusticia. En noviembre de 2017, la Corte Constitucional revocó la decisión adoptada por la SIC y ordenó la transmisión del mensaje de bien público. Sin embargo, el mensaje no logró transmitirse cuando era oportuno, es decir, cuando se debatía el impuesto a las bebidas azucaradas en el marco de la reforma tributaria de 2016.

Por otra parte, en octubre de 2017, cuando desde Red PaPaz quisimos poner al aire el primer mensaje de #NoComasMásMentiras, Caracol y RCN no nos permitieron pautar. En mayo de 2018, volvimos a intentar transmitirlo, pero los canales impusieron toda suerte de trabas; nos exigieron reuniones previas con sus abogados, solicitaron comunicaciones, pidieron ediciones al mensaje, entre otros. Ante este obstáculo, interpusimos una acción de tutela para amparar nuestra libertad para informar y para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir una alimentación saludable. Vale la pena explicar que Caracol, RCN y Canal Uno son concesionarios de la televisión pública y pueden lucrarse, pero no pueden hacer control previo.

La Juez 15 del Circuito Administrativo de Bogotá amparó los derechos fundamentales de Red PaPaz y de niñas, niños y adolescentes que se veían afectados con motivo de la censura, y ordenó a Caracol y RCN pautar el mensaje de bien público. Sin embargo, los canales impugnaron la decisión y el asunto pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Tribunal confirmó la decisión de la Juez. Luego de un tiempo, quisimos publicar una versión abreviada del mensaje inicial. A pesar de las decisiones favorables de la jurisdicción, seguía siendo difícil pautar. Por esta razón, pedimos a la Corte Constitucional que seleccionara el caso para revisión. Esta fue respaldada por el Defensor del Pueblo y por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, quienes advirtieron la relevancia constitucional del asunto. Dentro del término de revisión, la Corte profirió la sentencia T-145-19, que marca un hito en la protección de la libertad de información, y los derechos de la infancia y la adolescencia. La decisión confirma que los canales privados no pueden ejercer controles previos sobre los contenidos informativos de organizaciones de la sociedad civil, en particular cuando buscan brindar información de interés público. Desde la sociedad civil aplaudimos la determinación de la Corte porque remueve obstáculos que venían imponiendo los canales privados y permite que los mensajes de bien público puedan ser difundidos para favorecer así el debate ciudadano en torno a temas de especial importancia.

Nota:

Lo invitamos a unirse a este esfuerzo sumándose a nuestra movilización #TenemosDerechoALaInformación. Con su apoyo exigiremos al Estado que nos permita saber de manera clara y sencilla si un producto es alto en azúcar, sodio o grasas saturadas.

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Red PaPaz

Avenida Carrera 15 No. 106-32 Oficina 603.

Bogotá D. C., Colombia

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¿Cómo detener la violencia sexual en las universidades? (desde Razón Pública)

Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

¿Cómo detener la violencia sexual en las universidades?

Las denuncias formuladas durante los últimos meses demuestran la gravedad del problema de la violencia sexual dentro de los campus de las universidades y en el ámbito de la vida universitaria.

Aunque en Colombia aún no existen estudios o información suficientes, algunas universidades han realizado diagnósticos sobre la situación y las dimensiones del problema. Universidades como la de Antioquia, Caldas y Nariño fueron pioneras en diseñar metodologías para el diagnóstico de violencias basadas en género dentro de sus instituciones.

La Universidad de Nariño, por ejemplo, cuenta desde el 2014 con un observatorio de género que ha llevado a cabo un importante trabajo de alertas y contribuye al estudio de este tipo de violencias de la mano de organismos internacionales. Por su parte, la Universidad de Antioquia realizó su primer diagnóstico en 2015 y ha promovido la investigación sobre el tema, pero aún no ha podido concretar un protocolo específico de atención y prevención, que es el paso siguiente.

En eso ha sido pionera la Universidad Nacional, que mediante la Resolución 1215 de 2017 estableció un protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales. El logro es producto del trabajo de los colectivos feministas y espacios académicos como el Observatorio de Género y la Escuela de Estudios de Género y de la política institucional de equidad de género e igualdad de oportunidades que incorporó la Universidad desde el 2012.

Otras como la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Pedagógica Nacional cuentan con protocolos de atención. En el caso de la Pedagógica, fue incorporado en el 2018 el plan de transversalización de la igualdad y equidad de género. En él se identifican cinco líneas de acción:

  • Gestión del conocimiento no androcéntrico;
  • Prevención de violencias basadas en género;
  • Participación y representación con equidad;
  • Cultura y comunicación libre de sexismo,
  • Planeación institucional con enfoque de género.

Se trata de una propuesta que no se limita a la prevención y atención de violencias basadas en género, sino que plantea un análisis más amplio de la situación y de sus posibles soluciones.

Algunas universidades privadas también cuentan con protocolos de prevención y atención. Sin embargo, aunque las estudiantes y profesoras ejercen presión para ser tenidas en cuenta en los procesos de discusión y demás etapas del proceso, las disputas acaban por anular la participación de las directamente afectadas por la situación. En ese sentido, los mecanismos se diferencian de sus pares en las universidades públicas.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11908-como-detener-la-violencia-sexual-en-las-universidades.html

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Las razones de la minga indígena en el Cauca (desde Razón Pública)

Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

Las razones de la minga indígena en el Cauca

Las protestas, en las que participaron más de veinte mil indígenas, tienen su raíz en los incumplimientos históricos del gobierno colombiano hacia esta población.

En el país hay entre quinientos y seiscientos mil indígenas distribuidos en ochenta y un etnias con sesenta y cuatro lenguas diferentes, según el DANE. El grupo mayoritario es el pueblo Páez o Nasa, con alrededor de cien mil miembros. Asentados sobre todo en el departamento del Cauca, los Nasa se unieron con los Yanaconas y los Guambianos en 1971 para formar el CRIC (Concejo Regional Indígena del Cauca), probablemente la organización indígena más importante del país.

A lo largo de la historia, los conflictos entre indígenas y gobierno se han dado alrededor del territorio. En el viejo régimen colonial de tierras existían los denominados “resguardos de indios”, una figura que definía territorios comunales para esa población, pero carecía de un reconocimiento legal de su propiedad. En ese entonces los territorios destinados a ellos eran alrededor de 400 mil hectáreas para 150 mil personas.

Desde la constitución del Estado colombiano es posible identificar tres periodos en su relación de las comunidades indígenas:

  1. Uno breve, producto de la guerra de independencia, en el cual se reconocieron formalmente algunos derechos como la vida en comunidad;
  2. La época entre mediados del siglo XIX y XX, que se caracterizó por una agresiva política desde el gobierno central contra las tierras comunales indígenas; y
  3. A partir de la ley 135 de 1961 (ley de reforma agraria), cuando se inicia el reconocimiento legal de tierras a grupos indígenas.

Bajo la nueva figura de resguardos indígenas se crearon 158 unidades territoriales sobre un área de doce millones de kilómetros, que fueron reconocidos bajo títulos de propiedad colectiva a las comunidades. Gran parte de ellos se encuentran en la amazonia y provienen del régimen de baldíos de la nación.

En el caso particular del Cauca, la concentración de tierra por parte de empresas y particulares impidió el éxito de esa estrategia. Así, el régimen de dotación de tierras sólo fue efectivo en regiones periféricas y con baja densidad de población indígena.

A partir de 1980 empieza a consolidarse el reconocimiento estatal de los derechos especiales de los pueblos indígenas, sobre todo en materia de dotación de tierras, educación y programas de atención en salud. La Constitución de 1991 también fue fundamental, pues reconoció y aceptó la existencia de la diversidad cultural dentro del Estado colombiano y se reconocieron oficialmente los territorios indígenas, si bien de una forma aún demasiado general.

No obstante, hay dos grandes problemas que se han prolongado hasta el día de hoy:

  1. La capacidad de decisión de los indígenas sobre sus territorios es limitada y no se han dado soluciones para el problema de la colonización de campesinos sin tierra.
  2. Las dinámicas del conflicto han pauperizado las condiciones de vida de la población indígena.

Como dije antes, la disputa entre gobierno e indígenas tiene como centro el problema de las tierras. La mayoría de los territorios reconocidos a los pueblos indígenas se encuentran fuera de la frontera agrícola y son estratégicos para el cuidado y la preservación del medio ambiente Se trata de suelos poco productivos y con escasa infraestructura.

Además, se trata de zonas que suelen estar bajo el poder de grupos al margen de la ley. El cultivo de coca y la facilidad para su tráfico ponen en una situación de vulnerabilidad a las comunidades indígenas, principalmente en el sur del país. A lo anterior se suma que estos territorios no se encuentran titulados ni cuentan con muchos recursos legales para su protección. Por tal razón, el despojo de tierras se ha vuelto una práctica común entre empresarios y grupos armados.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11897-las-razones-de-la-minga-indigena-en-el-cauca.html

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Protestas campesinas y políticas agrarias: el enfoque equivocado (desde Razón Pública)

Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

Protestas campesinas y políticas agrarias: el enfoque equivocado

El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) perdió su rumbo desde hace un tiempo. Su propósito o su tarea central era elevar la todavía escasa productividad del campo colombiano, y en vez de eso lo pusieron a suscribir compromisos sociales.

El MADR no tuvo grandes apuestas ni se concentró en incrementar la competitividad y rentabilidad agraria, ni en la inserción a los mercados particularmente de los pequeños productores agrarios ni al desarrollo sostenible del mundo rural. Y como consecuencia de ello los rendimientos por hectáreas de café, arroz, maíz o yuca, al igual que la ganadería de leche y de carne, se quedaron por debajo de los promedios mundiales.

Para compararnos con un vecino cercano: el ministerio de Agricultura y Riego de Perú ejecuta una Política Nacional Agraria con doce Ejes bien definidos, entre los cuales se destacan los siguientes:

  • manejo sostenible de agua y suelos;
  • infraestructura y tecnificación del riego;
  • financiamiento y seguro agrario;
  • innovación y tecnificación agraria;
  • gestión de riesgos y desastres, y
  • reconversión productiva y diversificación.

Pero en vez de seguir una política parecida, el MADR andaba —o anda— de paro en paro, sentado en las mesas de negociaciones cada vez que bloqueaban una vía y suscribiendo compromisos sociales que no podía cumplir. Lo social, sus movilizaciones y protestas impusieron la política pública agraria. Por eso el ministerio se gasta el presupuesto en la coyuntura, es decir, en ayudas directas a los productores y en subsidios a los precios.

Casi nada se invierte en resolver la estructura, es decir: en otorgar seguridad jurídica a la propiedad rural o en infraestructura productiva, como decir las vías terciarias, el riego, el almacenamiento, la innovación o el avance tecnológico. Y mientras el Ministerio andaba en lo social aumentaron los costos de producción, disminuyó la rentabilidad, y muchos productores se quebraron.

No podemos subestimar la fuerza de la inercia, que mantiene amarrado al Ministerio a las cambiantes coyunturas sociales. La inercia es cómoda y no exige gran esfuerzo, pero también impide que las cosas cambien. El MADR tiene el desafío de romper el statu quo, no necesariamente a las malas, y en todo caso con argumentos y con inteligencia.

No se trata de dejar a un lado el componente social, sino de entender que la manera seria de atender lo social es mejorar lo productivo: con mejores rentabilidades, mayor inclusión de los pequeños productores a los mercados y, por supuesto, aumentando sus ingresos y con la provisión de bienes públicos para el campo (carreteras, sistemas de riego, centrales de mercadeo…).

Pero cambiar el rumbo del MADR no será fácil por varios motivos: por la limitación de recursos, por la polarización y tensión sobre la tierra, porque las ideologías se tomaron el debate sobre el desarrollo rural, los TLCs y la inversión extranjera.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11893-protestas-campesinas-y-politicas-agrarias-el-enfoque-equivocado.html

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La deforestación amenaza a los últimos indígenas aislados de Colombia (desde Razón Pública)

Desde Razón Pública redactan el siguiente artículo:

La deforestación amenaza a los últimos indígenas aislados de Colombia

Hacia mediados de la década de 1990 tuve la oportunidad de vivir en el medio del Río Caquetá, en el departamento de las Amazonas. Allí conocí a un chamán llamado Carlos Matapí Yukuna.

En su maloca, Carlos me contó la historia del pueblo indígena de los Urumi, quienes después del contacto violento con los caucheros a finales del siglo XIX, decidieron internarse en la selva para protegerse. Desde entonces los Urumi no han tenido contacto con otras poblaciones.

Carlos relató con detalle el nombre de sus maloqueros, los caños donde vivían y tenían sus chagras —o áreas de cultivo—, algunos cantos rituales, y el origen mitológico de esta tribu.

Además de los Urumi, Carlos me habló de los Yuri, que vivían en el territorio del Río Puré, y de grupos Uitoto en la zona sur de Chiribiquete. Carlos me recordó que en el Río quedaban descendientes de los Carijona y algunos miembros del clan de Murciélago cerca de La Pedrera.

Poco a poco fui acercándome a los territorios de estos pueblos indígenas, y noté claramente que, para las poblaciones locales, la existencia de los indígenas en aislamiento voluntario era un hecho cierto, reconocido, y cotidiano. Ningún grupo indígena actual intenta entrar en los territorios de los aislados; los reconocen y los respetan.

De cuando en cuando, en las noches, el sonido de un pilón lejano evoca los tiempos de una vecindad más cercana. En los veranos se observa con curiosidad si hay humo de chagras monte adentro. Algunas señales encontradas por exguerrilleros, mineros, cazadores o madereros siguen alimentando la historia de su existencia y de sus movimientos.

En tiempos más recientes, las imágenes de satélite y algunos sobrevuelos permitieron una corroboración directa de su presencia maravillosa en medio de la selva.

A finales de los noventa, cerca de las sabanas de la Fuga, vi el difícil encuentro entre colonos e indígenas Nukak, que ya habían sido contactados y empezaban a sufrir las consecuencias: por ejemplo, las presiones por su tierra y el creciente conflicto armado en su territorio.

Hoy, más de dos décadas después, los Nukak son catalogados como un pueblo en “contacto inicial” por dos razones:

  • su sistema inmunológico aún no se ha adaptado a las enfermedades comunes de la población mestiza,
  • y su proceso de aprendizaje sobre los códigos básicos del mundo occidental aún es incipiente.

El Estado colombiano ha hecho un esfuerzo importante por reconocer los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIAVCI):

  • creó el Parque Nacional Puré;
  • amplió el Parque Chiribiquete, y
  • creó el Resguardo Nukak, para proteger a esta población como grupo en contacto inicial.

Sin embargo, la creación de estas áreas no ha sido suficiente para proteger a los nativos. En los últimos años, la deforestación en la región amazónica colombiana ha aumentado de manera significativa.

Adicionalmente, los procesos de explotación minera ilegal, la siembra de coca, la existencia de campos minados y la creación de corredores de movilidad para grupos armados han lesionado significativamente algunos de estos territorios.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de Razón Pública: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11875-la-deforestacion-amenaza-a-los-ultimos-indigenas-aislados-de-colombia.html

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¿Un nuevo plan para el centro histórico de Bogotá? (desde La Silla Vacía)

Desde La Silla Vacía publican el siguiente artículo:

¿Un nuevo plan para el centro histórico de Bogotá?

El centro histórico de Bogotá, a pesar de la modestia de su arquitectura y la fragmentación inducida por el proyecto funcionalista, presenta un conjunto de valores que definen su excepcionalidad, reconocida mediante su declaratoria como patrimonio de los colombianos en la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un centro vivo y diverso, de una porción  de ciudad dinámica que exige un proceso de rehabilitación abierto y factible de ser actualizado periódicamente. Esto obliga a tener en cuenta las necesidades que no dan espera, de manera simultánea con la preparación de estrategias de futuro.

El Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) es el nuevo plan para la zona. Es un instrumento de ley cuya metodología la definió el Gobierno Nacional desde el 2003 y ajustada, sin modificaciones de fondo, en el 2009. No todas las debilidades que exhibe el Pemp para el centro histórico son propias; algunas habría que atribuirlas a la concepción lineal, normativa y poco estratégica de los planes especiales del Gobierno central.

El examen del Pemp de Bogotá, radicado en el Ministerio de Cultura para su aprobación el 27 de diciembre de 2018, obliga a preguntarse: ¿a un centro histórico deteriorado le conviene el enfoque de rehabilitación, revitalización y reciclaje que orienta planes de centros varios en Latinoamérica, o resulta mejor el enfoque normativo inherente a los Pemp colombianos?

Del mismo modo, si el arquitecto Jan Gehl conociera este plan, tal vez diría que “[…] perdimos la capacidad de hacer barrios donde sea un placer crecer y envejecer”. Aquí la gente, la casa, la panadería, el café, la librería, la tienda, no pareciera que tuvieran sitio alguno. ¿Acaso regresamos a los planes burocráticos, colmados de normas y carentes de vida?

¿Cuánto pesan las ideas sobre urbanismo o planeación ante las nociones políticas de eliminación total de lo precedente, que sigue siendo el modo conservador de gobernar en Colombia? Convendría aprender de Ciudad de México. Allí la revitalización del centro es política de ciudad y no de jefatura de gobierno. Claro está: el plan para el centro histórico se actualiza periódicamente, justo para que así no pierda vigencia.

Para leer completo este artículo, pueden ir al enlace de La Silla Vacía: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/nuevo-plan-centro-historico-de-bogota-70672

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A Duque se le vienen más movilizaciones y puede que un paro como el de 2013 (desde La Silla Vacía)

Desde La Silla Vacía publican la siguiente noticia:

A Duque se le vienen más movilizaciones y puede que un paro como el de 2013

Aparte de la Minga indígena en el Pacífico, que va mínimo hasta Semana Santa y está creciendo en más regiones, se pueden sumar por lo menos cuatro movilizaciones que se están preparando para las próximas semanas. Si cuajan las marchas que harán después de semana santa los cafeteros y los sindicatos, pueden terminar creando un escenario como el del “tal paro no existe” de 2013, que arrancó graneadito pero sumando sectores que no pertenecen a la izquierda, y terminó derrumbando la popularidad del entonces presidente, Juan Manuel Santos.

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que tiene más de 500 mil miembros incluyendo los 270 mil maestros de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, anunció una gran movilización nacional para el 25 de abril.

“El carácter de esta movilización es que termine en un paro indefinido, pero eso dependerá de cómo estén las fuerzas ese día de la marcha”, dijo a La Silla William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, que hace parte de Fecode. “Queremos que haya más plata para la educación pública y no vemos señales en el Gobierno de querer avanzar”, agregó.

Hoy se reúne la junta nacional de Fecode para definir la logística sobre esa movilización.

A esa marcha del 25 se va a sumar la Cumbre Agraria, que agrupa organizaciones políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos; campesinas como la Coordinadora Nacional Agraria y la Mesa de Interlocución y Acuerdos; étnicas como el Proceso de Comunidades Negras y la Onic indígena; sindicatos agrarios como Fensuagro; y las zonas de reserva campesina reunidas en Anzorc.

Andrés Gil, presidente de Anzorc y uno de los líderes más visibles de la Cumbre Agraria, le dijo a La Silla que “es una movilización que dependiendo de la capacidad que tenga se puede volver paro. Pero en todo caso yo creo que estamos ante un año muy parecido al de 2013, cuando iniciamos con una movilización cafetera a principios de año, después vinieron los mineros, después la del Catatumbo y todo terminó en paro agrario”, nos dijo.

Salen por varias razones: desde que, según ellos, en el Plan Nacional de Desarrollo el Acuerdo de Paz está desfinanciado, hasta por los retrasos en los pagos y la asistencia técnica para las familias que firmaron acuerdos de sustitución voluntaria con el Gobierno dentro del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis y por el eventual regreso del glifosato.

“Nadie puede decir que el 25 es el día D para el paro, pero sí es uno de los elementos importantes para establecer la capacidad de movilización para una acción de más calado”, agrega Gil.

Para leer completa esta noticia, pueden ir al enlace de La Silla Vacía: https://lasillavacia.com/duque-se-le-vienen-mas-movilizaciones-y-puede-paro-como-2013-70753

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